Además, la ley establece que se debe tener en cuenta la opinión de los tribunales y los abogados de los acusados antes de decidir sobre la extradición. Estos cambios en la ley de extradición reflejan el compromiso de Croacia con los derechos humanos y el estado de derecho.
Las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales o las áreas investigadoras de la PGR solicitan la intervención de esta Institución para iniciar un procedimiento de extradición de una persona ubicada en el extranjero que cuenta con un mandamiento judicial vigente y ejecutable.
Las solicitudes de extradición activas son las que presenta el Estado mexicano a otro país, en donde se encuentra el prófugo de la justicia mexicana y que cuenta con un mandamiento judicial.
Conforme a esta praxis, el dies a quo se fija en el momento en que el individuo fue detenido por las fuerzas del orden. El problema acontece cuando toca determinar cuál es el dies advert quem, esto es, cuándo vence este primer periodo de forty días.
En dicha nota verbal, como mucho se acompaña un resumen de la documentación enviada por el Estado requirente, y ni siquiera se hace un análisis documental por parte de un funcionario español aseverando que toda la check this source documentación legalmente exigible haya llegado completa.
La Comisión Europea, por su parte, puso en duda la compatibilidad de la nueva ley con los compromisos internacionales de Dinamarca.
En esta etapa la SRE se encuentra facultada para analizar que la solicitud y/o petición de extradición cumple con los requisitos establecidos en los Tratados Internacionales o los requisitos en materia de extradiciones del país requerido.
Sin embargo, en casos en los que se demuestre la gravedad del delito y exista una alta presión internacional, es posible lograr la entrega del fugitivo.
Una vez recibida la solicitud, el país receptor debe evaluar si cumple con los requisitos legales y si existen garantías de que la persona a extraditar recibirá un juicio justo. Si se cumplen los requisitos, se emite una orden de detención provisional y se inicia el proceso de extradición.
Las personas que son objeto de una solicitud de extradición tienen derecho a ser informadas sobre los cargos que se les imputan, a contar con asistencia legal y a presentar pruebas en su defensa.
Caso Fulfilledástasis: lo que viene en el proceso penal y los coletazos que deja en la política nacional
3. El caso debe cumplir ciertos criterios, como la gravedad del delito, la existencia de una sentencia firme o la existencia de una orden de arresto internacional.
En casos en los que un país no tiene un acuerdo de extradición con España, es necesario explorar alternativas legales para garantizar que los culpables de delitos no queden impunes.
Si el país solicitado no concede la extradición, la persona acusada o condenada no puede ser entregada. En algunos casos, el país solicitante puede optar por juzgar a la persona en su propio territorio.